El deslizamiento en La Gabriela: catorce años de escombros y voces no escuchadas
Sara Vanegas Cardona /sara.vanegasc@udea.edu.co
13 de febrero de 2025
Catorce años después del deslizamiento en La Gabriela, la comunidad sigue exigiendo justicia y reparación a la Alcaldía de Bello por la pérdida de sus familiares. El municipio está condenado desde 2021 por omisión de los deberes de prevención en una escombrera ilegal, detonante de esta tragedia.
El 5 de diciembre de 2024 se realizó una ceremonia en honor a las víctimas en el lugar de la tragedia. Fotografía: Sara Vanegas Cardona.
Lo ocurrido el 5 de diciembre de 2010 quedó marcado como uno de los episodios más trágicos en la historia reciente de Bello, Antioquia. Ese día, un deslizamiento de tierra en la comuna Zamora sepultó el sector Calle Vieja del barrio La Gabriela y dejó 88 víctimas mortales y 37 viviendas destruidas bajo toneladas de lodo y escombros. Catorce años después, integrantes de la comunidad trabajan por mantener viva la memoria de las víctimas y luchan por la justicia y la reconstrucción del tejido social.
La catástrofe no fue un hecho imprevisible. Desde 2005, entidades como Corantioquia, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la Dirección de Prevención y Atención de Desastres (DIPAD-BELLO) y la Fiscalía seccional 203 con sede en Bello, habían advertido sobre el riesgo en la zona.
El día del desastre, alrededor de las 3:30 de la tarde, el terreno cedió y liberó una avalancha de tierra que arrasó todo a su paso. Witter Madrigal Maya es una mujer de 43 años. Trabaja vendiendo tenis y además es chef. También es sobreviviente de la tragedia, y se encontraba ese día en el barrio, en la casa de su madre.
“Yo estaba en la misma casa (la de su mamá), pero en el tercer piso. Se escuchó un trueno grande, pero como estaba haciendo sol, salimos a ver que era, y vimos la tierra que bajaba como girando. Pensé que eso solo iba a sacudir la casa, pero no, la tumbó completa y fuimos a parar como a unos 10 metros”, relata Witter.
Ella cuenta que los organismos de socorro llegaron de inmediato y la evacuaron, pero muchas personas quedaron atrapadas bajo los escombros. “Aún recuerdo como el drywall se me cayó en la cara; me reventó los oídos, la boca, la mano y caí de rodillas”. Witter tenía 29 años y ese día perdió a 10 familiares, entre ellos su hija de 8 años, su madre, tres hermanos y cinco sobrinos: “Mi vida cambió por completo. No vuelves a ser la misma; no dormía ni me hallaba despierta”.
El 5 de diciembre de 2010 se presentó un deslizamiento de tierra en el barrio La Gabriela, en Bello, que dejó más de 80 víctimas mortales. Fotografía: Colprensa.
Negligencia y justicia dilatada
El deslizamiento de La Gabriela pudo haberse prevenido. Según un artículo publicado por El Espectador, las investigaciones posteriores revelaron que el municipio de Bello había sido advertido en múltiples ocasiones sobre el peligro por la Fiscalía General de la Nación, Ingenieros funcionarios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y miembros de la Policía Ambiental. Estudios técnicos realizados por la Corporación Autónoma Regional de Antioquia (Corantioquia) años antes del evento indicaban que la acumulación de escombros en la zona había afectado gravemente la estabilidad del terreno.
A pesar de las advertencias, la Alcaldía no implementó controles sobre la escombrera ni evacuó a las familias que vivían en las áreas más vulnerables. Así lo confirma Witter, quien asegura que el municipio ya tenía órdenes de cerrar el lugar. Señala que debieron llevar personas experimentadas en el tema para evaluar los suelos, y lo más importante, informar a la comunidad: “si mi familia se entera de un riesgo así, se lo aseguro que nos íbamos, así fuera debajo de un puente, pero no nos quedábamos ahí”.
Según Liliana Petro, abogada del grupo familiar de Witter, las víctimas comenzaron a presentar demandas en contra del municipio de Bello desde el 2013. Sin embargo, los casos se han prolongado debido a algunas maniobras dilatorias por parte de la administración local.
Un ejemplo de esto fue en el 2020, cuando el municipio presentó una prueba extemporánea con la intención de incluirla en todos los procesos legales, algo que no era permitido por estar fuera de los términos establecidos. Dicha prueba consistía en una denuncia penal que atribuía la responsabilidad a un grupo al margen de la ley encargado de la operación de un parqueadero y un lavadero ubicados en el terreno. “Si ellos (el municipio de Bello) querían eso como prueba, debían ingresarlo en el momento probatorio disponible, no después. El juzgado no lo aceptó, y concluyó que esa no era la única causa porque el municipio, como autoridad, debía manejar la situación”, explica Liliana a propósito de la prueba presentada.
Sin respuestas de la Alcaldía
La Alcaldía de Bello ha enfrentado por lo menos 57 procesos judiciales relacionados con la tragedia. En febrero de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia condenó al municipio en el caso de la demanda interpuesta por la firma de abogados Javier Villegas Posada, en representación de tres familias, y le ordenó indemnizar a cada una con 1.300 millones de pesos, al considerar que la administración local tuvo fallas en la atención y prevención del desastre.
En junio de 2023, el mismo tribunal volvió a condenar al municipio de Bello. En esa ocasión le ordenó indemnizar a la familia de cuatro niños que perdieron la vida en la tragedia. Esta demanda también fue representada por el abogado Javier Villegas Posada, quien aún espera el fallo de otras 12 demandas en nombre de 248 familias más.
Sin embargo, las familias de las víctimas no han recibido ninguna indemnización por parte del municipio. De hecho, Witter, sobreviviente de la tragedia, afirma que el Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) sí le otorgó a su familia una indemnización, pero dice que del municipio nunca ha recibido nada. Según Liliana, su abogada, lo que han hecho todas las administraciones locales desde el 2013 es “pasarle la bola” a la siguiente.
A pesar de los fallos judiciales que reconocen la responsabilidad del municipio, las acciones concretas para reparar a las víctimas y mejorar las condiciones de vida en el barrio han sido insuficientes. Hasta el momento de la publicación de esta nota, la Alcaldía no había respondido las preguntas sobre por qué no asistió a la ceremonia en honor a las víctimas, ni sobre la falta de cumplimiento del fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia.
Actualmente, la magistrada Martha Nury Velázquez tiene en sus manos la resolución del caso. La comunidad confía en que esta decisión será un paso crucial hacia la reparación y el reconocimiento de las víctimas. Su principal esperanza es que se haga justicia, permitiendo que, después de 14 años, las víctimas puedan ser finalmente indemnizadas.
El 5 de diciembre de 2024 se realizó una ceremonia en honor a las víctimas en el lugar de la tragedia. Fotografía: Sara Vanegas Cardona.
Resistencia en la comunidad
Para los sobrevivientes, el deslizamiento de La Gabriela dejó cicatrices. Muchas familias perdieron a sus seres queridos y su patrimonio en cuestión de minutos. Además, el proceso de reconstrucción fue lento y, en muchos casos, insuficiente.
Jaqueline Vigoria y Eddy Guerra, líderes comunitarios del barrio, aseguran que las gestiones para buscar reparaciones con las autoridades locales se han realizado a través de líderes locales, pero que la falta de respuesta y la desatención han hecho que las soluciones dependan de los esfuerzos propios de los habitantes. “Las acciones del municipio en apoyo a las víctimas y la reconstrucción del barrio han sido limitadas, y en términos generales, se evidencia una negligencia administrativa”, dice Jaqueline.
Un ejemplo del desorden administrativo por parte del municipio es el cobro del impuesto predial a personas fallecidas durante la tragedia, lo que refleja una falta de actualización y gestión por parte del municipio.
Durante estos 14 años no se había realizado ningún acto conmemorativo en honor a las víctimas que contara con el apoyo de la administración, hasta el 5 de diciembre de 2024. Ese día, los líderes comunitarios organizaron una velatón, una procesión y una ceremonia en el lugar del derrumbe. Aunque la Alcaldía no aceptó la invitación a participar en la conmemoración, sí dio apoyo logístico a través de la Policía, el Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Cultura de Bello. Esto no había ocurrido en aniversarios anteriores. En palabras de Eddy “fue un acto simbólico que demuestra el compromiso de los líderes locales frente a la inacción de la Alcaldía”.
La comunidad de La Gabriela, además de enfrentar las secuelas de la tragedia, exige acciones concretas del municipio para garantizar el acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación, la vivienda digna y la seguridad.