Las barreras que persisten para abortar en Colombia a tres años de la despenalización
Sofía Parra Álvarez / s.parra1@udea.edu.co
27 de febrero de 2025.
Este 21 de febrero se cumplieron tres años de la sentencia C-055 de la Corte Constitucional, impulsada por el movimiento feminista Causa Justa, que despenalizó el aborto hasta la semana 24 en Colombia. Durante su celebración, el bufete de abogadas feministas Colectiva Justicia Mujer en compañía la colectiva Jacarandas presentaron dos informes sobre las asesorías que dieron a mujeres y personas gestantes que accedieron a interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en el país.
Según la colectiva Jacarandas, durante el 2022 y el 2024, Antioquia fue el departamento con más municipios que consultaron la Línea en busca de información sobre derechos sexuales y reproductivos.
Fotografía: Causa Justa.
En el marco de la conmemoración por el tercer aniversario de la sentencia C-055, el bufete de abogadas feministas Colectiva Justicia Mujer presentó el informe “Experiencias y barreras sobre el acceso a la IVE en Antioquia 2023 y 2024”, en donde presentaron las barreras médicas y jurídicas que enfrentaron las mujeres que accedieron a abortos en Antioquia y que han conocido con su acompañamiento psicojurídico.
Según el informe, este bufete orientó el aborto de 46 mujeres, de las cuales el 54 % tuvo acompañamiento durante el procedimiento y “en varios de estos casos se presentaron violencias contra las personas que estaban accediendo a su derecho al aborto, (..) y en contra de defensoras y acompañantes”. De estos casos, el 48 % fue atendido en Medellín, el 32 % en municipios del Valle de Aburrá (Bello, Itagüí y Envigado), el 12 % en otros municipios del departamento y, pese a que la colectiva estaba centrada en Antioquia, el 8 % restante corresponden a casos por fuera del departamento.
Por su parte, Jacarandas, una colectiva feminista que hace activismo digital sobre derechos sexuales y reproductivos, presentó en Medellín, Cali, Bucaramanga y Bogotá el informe “Nuestro cuerpo. Nuestra decisión. 11.267 asesorías sobre aborto en la Línea Jacarandas, 2022 - 2024”. A partir de las experiencias de las usuarias, el informe presenta un análisis del aborto en Colombia que profundiza en los cinco departamentos y/o ciudades con más casos atendidos: Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Santander.
A tres años de la sentencia, Jacarandas se ha consolidado como una de las principales fuentes de información para conocer en dónde se puede acceder a un aborto en Colombia. Según su informe, el aumento de consultas en temas relacionados con IVE ha crecido significativamente, pasando de 1.916 casos atendidos en 2022 a 11.267 al cierre del 2024. Esto obedece, dice la colectiva, a una mayor visibilidad de su Línea y a un “aumento en la demanda de servicios de salud sexual y reproductiva.”
Laura Gutierres Acuña, Natalia Acevedo Guerrero, Lisa Gomez Camaro y Juliet Gómez Osorio en el conversatio "Derecho al aborto, entre discursos de odio y fundamentación", realizado en Medellín luego de la presentación de los informes de Justicia Mujer y Jacarandas.
Fotografía: Jacarandas.
Penalización social: las barreras para abortar
A pesar de que el aborto es legal y no requiere justificación hasta la semana 24 de gestación y, luego de esta está amparado por las tres causales de la sentencia C-355 de 2006, aún se reproducen discursos que vinculan este procedimiento médico a palabras como homicidio, genocidio o pecado. Un ejemplo de esto son las declaraciones del papa Francisco el 15 de septiembre de 2024, un día después del Día Internacional por la Despenalización y Legalización del Aborto, en las que aseguró que el aborto “es un homicidio, y el médico que lo practica es un sicario”.
El problema recae, entre muchas otras cosas, en la falta de información que hay sobre la IVE. Según Laura Pedraza, abogada de incidencia política en la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, la primera barrera que hay para acceder al aborto es el acceso a la información: en dónde se puede solicitar, cómo hacerlo, las dosis necesarias de medicamento o el procedimiento médico especifico que se requiere.
Según el informe de la corporación Justicia Mujer, alrededor de 34 mujeres, de las 46 que atendieron, enfrentaron barreras que “estuvieron fuertemente ligadas a la penalización social, materializada en asuntos como la estigmatización, falta de acceso a información veraz y a servicios de calidad en zonas rurales o contextos marginalizados, el uso inadecuado de la objeción de conciencia, la garantía del servicio sujeta a la voluntad política de prestadores de servicios y tomadores/as de decisión antiderechos”.
En total, afrontaron 98 barreras, es decir, en promedio cada mujer experimentó dos obstáculos al intentar acceder a un aborto.
Un ejemplo de esto es el caso del municipio Argelia de María, en el oriente antioqueño, expuesto en el informe de la colectiva, en donde la violencia institucional se propagó a través de mensajes de odio dirigidos a quienes intentaron acceder a una IVE. Según el medio feminista Volcánicas, durante la alcaldía de Edwin Quintero (2020-2023) hubo carteles pegados en las puertas y paredes de la Oficina de Equidad de Género con mensajes como: “El aborto no te libera de ser madre, solo te hace madre de un niño muerto” y “En la familia Argelia pa’ todos somos provida, no al aborto”.
Como lo explicó Justicia Mujer, esta penalización social se puede materializar en obstáculos que las entidades prestadoras de salud les ponen a las personas gestantes cuando estas intentan acceder a un aborto libre y seguro.
Según el informe de Jacarandas, los casos de violencia obstétrica que se registraron en la Línea pasaron de ser un 23.7 % en 2022 a un 47.1 % en 2024. Sin embargo, la negación del servicio disminuyó de un 39.2 % a un 17.6 %, respectivamente. Esto quiere decir que, a pesar de que más personas gestantes accedieron a servicios de aborto, incrementaron los maltratos antes, durante o después el procedimiento.
Además de estas barreras, Jacarandas también explicó en su informe que en 2024 hubo un incremento del 4.9 % en los casos que presentaron retrasos médicos injustificados, pasando de 18.6 % a 23.5 %. Con respecto a los casos de remisión a especialistas, disminuyeron en el último año pasando de un 20.3 % a un 11.8 %, es decir que hubo un aumento en los médicos generales que atendieron las IVE.
Durante la celebración del 21F, feministas exigieron la implementación sin barreras y de manera segura de la IVE bajo el lema “La libertad es nuestra causa”.
Fotografía: Causa Justa.
“El aborto es un derecho, no un debate”: Laura Bernate
La percepción de los colombianos sobre los temas de derechos sexuales y reproductivos ha ido cambiando conforme avanzan las conquistas legales de los colectivos feministas. De acuerdo con una encuesta realizada por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y Cifras & Conceptos, a febrero del 2024 el 67 % de las personas en el país creían que la IVE debería ser una decisión personal de las mujeres, mientras que solo el 2 % consideraba que entidades como la iglesia o el estado deben intervenir en las decisiones reproductivas de las mismas.
Este cambio es gracias a la despenalización social del aborto que, según Jacarandas, “parte de la idea de que el aborto es un servicio de salud y es un derecho, por lo cual no debe haber ningún estigma alrededor del mismo”.
Según Laura Bernate, coordinadora de la Línea Jacarandas, la clave para avanzar hacia la despenalización social es nombrar el procedimiento por su nombre: aborto. Y decirlo con naturalidad, pues entre más se mencione, más se acerca a la normalización.
Durante la conmemoración de los tres años de la sentencia, movimientos feministas colombianos como Jacarandas, la Red Nacional de Mujeres y Causa Justa celebraron con pintas, conversatorios, publicaciones en redes sociales y, como cada año, con la toma de la calle 12 en el centro de Bogotá para hacer un plantón frente a la Corte Constitucional en donde, además de celebrar el derecho al aborto, exigieron su implementación sin barreras y de manera segura bajo el lema “La libertad es nuestra causa”.