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Colombia: donde defender la tierra es una condena de muerte
Jannín Cortés Martínez / jannin.cortes@udea.edu.co
19 de diciembre de 2024
El 10 de septiembre Global Witness publicó su informe sobre la violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente en el 2023, en el cual Colombia aparece como el país con la mayor tasa de homicidios de líderes ambientales en el mundo.
17 de los 168 líderes sociales asesinados en el 2023.
En el 2023, 79 líderes ambientales fueron asesinados en Colombia, según el informe Voces Silenciadas, de Global Witness, una organización no gubernamental que desde 2012 documenta las violencias letales que sufren quienes defienden el ambiente y el territorio. En este boletín, Colombia es el país con más homicidios de estos líderes, con un 40 % de todos los casos registrados.
El informe evidencia que se trata del total anual más alto para cualquier país documentado desde que comenzaron los registros. Además, desde hace cinco años, Colombia encabeza la lista de estos asesinatos en el mundo, exceptuando en el 2021, cuando ocupó el segundo lugar después de México.
Línea de tiempo de líderes ambientales asesinados en Colombia en los últimos 5 años.
Defender el medio ambiente en Colombia se volvió una amenaza de muerte. En el primer trimestre del 2024 hubo 70 amenazas hacia líderes que defienden estas causas. Miguel Gutiérrez es líder ambiental conservacionista desde el 2019, trabajó temas de conservación de los ecosistemas, del agua y los bosques en el oriente antioqueño, específicamente en San Rafael, Antioquia.
Desde el 2021 organizó varias marchas en contra de una pequeña central hidroeléctrica (PCH) en el municipio y a partir de eso recibió de amenazas en su contra y en contra de quienes trabajaban junto a él. Tanto así que uno de sus compañeros tuvo que exiliarse. “Hay un resurgimiento de nuevas estructuras criminales en la región, además, en gran parte de los proyectos que denunciamos había políticos relacionados”, afirmó el líder.
En lo que va de este año no se ha evidenciado una mejoría en la situación, pues según el boletín del Sistema de Información sobre Agresiones contra personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH), el primer trimestre de 2024 estuvo marcado por un contexto similar al anterior, caracterizado por las dificultades en la paz total, pocos avances en las políticas de garantías para los defensores y una profundización del conflicto armado y la violencia.
“La situación de riesgo persistió y se materializó a través de asesinatos, amenazas, atentados, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, secuestros y desplazamientos forzados”, resalta el boletín. De enero a marzo se documentaron un total de 124 agresiones contra 115 personas defensoras de derechos humanos.
Boletín trimestral de SIADDHH.
Astrid Torres, coordinadora del programa Somos Defensores, afirmó en entrevista que la situación de las personas defensoras en Colombia, en especial en los últimos años, ha sido bastante compleja, pues “después de la firma del acuerdo de paz los asesinatos han estado en aumento, aunque en algunos momentos en el país pueda descender un poco”.
En los primeros tres meses del año se estima que hubo 1.4 agresiones diarias, que en relación con el mismo período del año anterior (2.9 agresiones diarias) representan una disminución del 52 %. Sin embargo, según Astrid, este descenso no representa un cambio sustancial en la situación de los líderes.
Causas que no justifican
La defensa de la tierra en Colombia se ha transformado en una lucha mortal, según expone María Angélica Mejía, doctora en Ciencias y Salud y con estudios en medio ambiente, sostenibilidad y educación ambiental, en su artículo Naturaleza y líderes ambientales: “Mientras las actividades extractivistas avanzan, las comunidades indígenas y negras, que históricamente han protegido los territorios, se enfrentan a crecientes ataques”.
Además, señala que estos conflictos, motivados por la minería, la gestión del agua y el petróleo, no son casuales. El aumento de asesinatos está directamente vinculado al crecimiento de las industrias extractivas, convirtiendo a estas comunidades en un blanco principal de violencia.
Industrias extractivas. Imagen generada por IA.
Global Witness identificó que la minería fue el sector industrial con el mayor número de asesinatos a defensores en 2023, con 25 personas asesinadas por oponerse a operaciones mineras. Otros sectores involucrados en la violencia contra defensores ambientales fueron:
- La pesca, con 5 defensores asesinados.
- La explotación forestal, con 5 asesinatos.
- La agroindustria, con 4 asesinatos.
- Las carreteras e infraestructuras, con 4 asesinatos.
- La energía hidroeléctrica, con 2 asesinatos.
El caso de Miguel Gutiérrez, amenazado por oponerse a proyectos hidroeléctricos, evidencia que mucha de la violencia hacia los defensores ambientales en Colombia está relacionada con grupos delincuenciales. Según Global Witness, se sospecha que estos actores fueron responsables de la mitad de los asesinatos en el 2023.
Desde Somos Defensores advierten que, aunque la minería y otros sectores extractivistas juegan un papel importante en la violencia contra quienes defienden la naturaleza, hay otros actores, como el narcotráfico y los grupos armados. Además existen causas estructurales como el incumplimiento del acuerdo de paz, la falta de coordinación entre instituciones y un modelo de protección insuficiente, que agrava la vulnerabilidad de las comunidades defensoras.
“El narcotráfico y los grupos armados no son la única causa que explica todo lo que pasa en el país. También tiene que ver con: la justicia, la efectividad, la coordinación interinstitucional que no existe en el Estado para proteger a las personas defensoras y un modelo de protección que no responde a las necesidades de los líderes y las lideresas”, explica Torres.
Boletín trimestral de SIADDHH.
Desde la bancada de gobierno de Gustavo Petro, la senadora Isabel Zuleta declaró que las dinámicas económicas de los grupos al margen de la ley han tenido un giro hacia actividades más dañinas con la naturaleza.
Para ella, las actividades que antes se concentraban en el tráfico de coca, hoy ya están en la minería, la explotación de hidrocarburos o en lo que sucede con los oleoductos: “Esas dinámicas destruyen la naturaleza, de allí surgen líderes sociales que salen a defender su territorio. Entonces se genera una mayor conflictividad socioambiental”, explica la senadora y agrega que estos actores al saber de la perspectiva ambientalista de este gobierno, “han querido jugar con ello y presionar al Gobierno a través de aumentar la deforestación, de hacer daños a los ecosistemas”.
Conozca las respuestas completas de la entrevista con Isabel Zuleta.
El país, sus lejanías y olvidos
La mayoría de los ataques contra defensores de la tierra y el medio ambiente en el 2023 se concentraron en la región suroccidental de Colombia, particularmente en Cauca (26 casos), Nariño (9) y Putumayo (7). Según Global Witness, la combinación del cultivo de coca, el narcotráfico y el conflicto armado ha devastado estas zonas, donde las comunidades y los defensores frecuentemente quedan atrapados en el fuego cruzado.
Los 124 actos de agresión de este año contra personas defensoras de derechos humanos fueron documentados en 21 departamentos y, de acuerdo con el boletín de Somos Defensores, la violencia persiste en el 66 % del territorio nacional.
Al igual que en 2023, Cauca sigue siendo el departamento más afectado con 55 casos (44 %), seguido de Antioquia con 18 casos (15 %). “Estas cifras son el reflejo del difícil contexto que atraviesa ese departamento del suroccidente colombiano, donde los grupos armados sostienen enfrentamientos en medio de la población civil, produciendo desplazamientos, confinamientos y otras infracciones”, se expone en el texto.
Boletín trimestral de SIADDHH.
El modelo ineficaz de la UNP
Para la coordinadora de Somos Defensores, uno de los principales obstáculos al implementar medidas de protección para líderes ambientales en Colombia es el modelo actual de la Unidad Nacional de Protección (UNP), pues considera que este se enfoca en medidas individuales como escoltas y vehículos blindados, sin abordar las necesidades comunitarias ni los riesgos colectivos. También carece de enfoques étnicos, territoriales y de género.
Astrid Torres afirma que es un modelo privatizado, con empresas que enfrentan denuncias por corrupción y que, además, tiene un modelo militarista y reactivo, sin un enfoque preventivo que contemple prácticas ancestrales de protección comunitaria. Agrega que, a nivel interinstitucional, el sistema de alertas tempranas no siempre se traduce en planes efectivos de prevención y protección.
Escucha el audio en donde se habla de los obstáculos para proteger a los líderes.
El ineficaz modelo de la UNP tuvo un impacto directo en el liderazgo de Miguel Gutiérrez. Cuenta que, a pesar de recibir inicialmente un esquema de seguridad, este le fue retirado, lo que lo obligó a abandonar su trabajo en la defensa ambiental. Miguel denuncia que, ante la falta de apoyo y la creciente presencia de nuevas estructuras criminales en la región, muchos líderes han sido forzados a abandonar su lucha, dejando el activismo ambiental prácticamente apagado en el Oriente Antioqueño.
Somos Defensores propone un modelo de protección colectivo y contextualizado, y ve en el Acuerdo de Escazú, una oportunidad para mejorar la participación y la justicia. Este acuerdo tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
“A pesar de la voluntad del gobierno, es necesario un enfoque integral que combine políticas de largo plazo con protección inmediata”, comenta Astrid Torres, y añade que la Paz total y el diálogo con grupos armados son esenciales para detener las agresiones tanto en zonas rurales como urbanas, donde la violencia afecta a líderes y comunidades.
Leonardo González Perafán, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), dice en su informe Más allá de los asesinatos de líderes ambientales en Colombia que, a pesar de la relevancia del Acuerdo de Escazú, su implementación en Colombia enfrenta varios desafíos como: la resistencia de sectores económicos poderosos y la capacidad institucional para garantizar la protección en los territorios más afectados.
Le preguntamos a Zuleta sobre la efectividad de las medidas implementadas por el Gobierno y respondió: “Algunos de los mecanismos han sido efectivos, por ejemplo, la protección colectiva con enfoque diferencial, esa protección que le permite a las mismas comunidades generar estrategias de manera autónoma y que se generan a partir del análisis en los territorios, de las condiciones de seguridad y las condiciones particulares de cada asociación. Además, hay unas medidas de carácter político que también han ayudado mucho en varios casos en el país, el reconocimiento político, el hecho de que se hable con líderes políticos y se les reciba en el Congreso de la República”.
Finalmente, Leonardo González plantea un listado de tres tareas que debe hacer el Gobierno para garantizar la labor de los líderes ambientales: fortalecer las medidas de protección, combatir la impunidad e implementar el Acuerdo de Escazú.
Le solicitamos al Ministerio del Interior información sobre las acciones concretas que está llevando a cabo el Gobierno para garantizar la seguridad de los líderes ambientales y las medidas específicas que se están implementando para proteger su labor. También le consultamos sobre el estado de las investigaciones en torno a los homicidios de líderes ambientales en los últimos años y sobre la implementación del Acuerdo de Paz en relación con la protección de los líderes sociales y ambientales. Sin embargo, hasta la publicación de este informe no obtuvimos ninguna respuesta.